El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy los estatutos del Consejo Andaluz de la Transparencia y Protección de Datos, órgano que velará por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de transparencia y que resolverá las consultas y reclamaciones en este ámbito en un plazo de veinte días.
La aprobación de este decreto permitirá, desde su publicación en el BOJA, solicitar al Parlamento la designación de la persona que ocupará la dirección general, por un periodo de cinco años no renovables, y que será “una autoridad independiente con plena capacidad y autonomía personal”.
Seis meses después de lo anunciado y tras el correspondiente proceso de alegaciones, el Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la creación de este órgano, cuya estructura contará con el citado director general, que será nombrado por el Parlamento (por mayoría absoluta), y una Comisión Consultiva de Transparencia, integrada por catorce miembros.
La creación de este organismo, máxima autoridad independiente en materia de transparencia y de protección de datos, estaba prevista en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.
La Comisión Consultiva estará integrada por la persona titular de la Dirección del Consejo y catorce miembros (dos en representación de la Junta; un diputado del Parlamento andaluz; uno designado por la Oficina del Defensor del Pueblo; un consejero de la Cámara de Cuentas; un miembro de la asociación de municipios con mayor implantación; uno del Consejo Andaluz de Universidades; uno del Consejo de Consumidores y Usuarios; dos de los sindicatos; uno de la patronal, y tres expertos en transparencia y protección de datos.
Tras la elección de la persona titular de la Dirección, y hasta la aprobación y cobertura de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), las consejerías de la Presidencia y de Hacienda y Administración Pública proporcionarán el apoyo necesario para el ejercicio de sus funciones.
La Dirección remitirá su propuesta de RPT para la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno en un plazo máximo de seis meses desde su nombramiento.
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