Las novedades legislativas de la Ley del Catastro (2.004) y su Reglamento (2.006) supusieron modificaciones sustanciales en la normativa catastral, en especial al desarrollarse el nuevo modelo de catastro, el llamado “catastro continuo o unificado”, más acorde con la normativa urbanística y las modificaciones que, paralelamente, se han producido en la legislación estatal del Suelo.
En la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica se modifica la legislación catastral creando un nuevo procedimiento, Regularización catastral 2013-2016, modificación de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes en función del año de Ponencia vigente en el municipio, valoración de todas las edificaciones en suelo rústico, imprescindibles o no para la actividad agrícola o ganadera y, por último articula un procedimiento simplificado en la inspección.
Consecuentemente, las bases de datos alfanuméricas y gráficas, se adaptan al nuevo sistema así como los mecanismos de intercambio de datos entre agentes externos (diputaciones, municipios y empresas colaboradoras) con novedades en el campo informático (FIN 2006).
Otra de las novedades importantes ha sido el tratamiento de los Procedimientos de Valoración Colectiva (revisiones catastrales) en la elaboración, metodología de las Ponencias de Valores, así como la aplicación de estas a las fincas urbanas y rústicas, así como la valoración de los suelos urbanizables sectorizados, después de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que dio lugar a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004 por la Ley 13/2015.
En cuanto a la gestión catastral, se determinan los procedimientos de incorporación y modificación de los inmuebles al catastro incluyendo mecanismos de colaboración entre Catastro y otras administraciones, en particular Ayuntamientos.
Las modificaciones introducidas por la LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO, DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA APROBADA POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946 Y DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO determina las nuevas directrices de coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad que, por su especial transcendencia, se desarrollan en tema aparte.
El desarrollo de la Administración electrónica en los últimos años nos permite incluir un tema específico; los contenidos y servicios que ofrece al ciudadano la página web del catastro.
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