La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga ha vuelto a ser, por segundo año consecutivo, la que más sentencias condenatorias ha conseguido sobre delitos urbanísticos: en 2014, los tribunales y juzgados malagueños emitieron 120 fallos condenatorios por ilícitos contra la ordenación del territorio, frente a sólo 19 absoluciones.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente a nivel estatal, Antonio Vercher, felicitó públicamente a la Fiscalía malagueña hace unas semanas por haber logrado el récord de sentencias condenatorias por delitos contra la ordenación del territorio en todo el país, las 120 anteriormente expuestas, algo que los acusadores especializados en estos temas han conseguido por segundo año consecutivo, pues en 2013 ya alcanzaron las 100 sentencias. El fiscal delegado de Medio Ambiente de Málaga hasta hace escasas semanas fue Juan Calvo-Rubio Burgos, ahora fiscal jefe de Córdoba. Lo ha sustituido en el puesto Fernando Benítez, quien es especialista en esta materia desde 2007 y, por tanto, también ha contribuido de forma importante a alcanzar estos números.
Además, se lograron, al menos, 30 demoliciones efectivas en el mismo año de edificaciones con excesos de edificabilidad o levantadas sobre suelo no urbanizable, según consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que tuvo acceso este periódico. Lo cierto es que ésta es la cifra de demoliciones ordenadas por la autoridad judicial, pero en vía administrativa también se han tirado varias, por lo que el número real es mucho mayor.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga se queja, así, de que la demolición de edificaciones irregulares sigue siendo una tarea hercúlea, dado que los afectados recurren a todo tipo de argucias legales y procesales para retrasar en lo posible que derriben sus casas o para evitarlo in extremis, una crítica que no es nueva y que ya se ha recogido en años anteriores en las diferentes memorias de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente que, a su vez, se refleja en la de la Fiscalía Superior andaluza.
Esas treinta demoliciones son reconocidas, dice el ministerio público en el informe, «sin perjuicio de comprobar las numerosas dificultades que surgen en la ejecución de las órdenes de demolición debido a la utilización por los condenados de todos los medios procesales a su alcance».
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