Hasta el pasado 15 de julio, las Administraciones Públicas españolas tramitaron cerca de 4,8 millones de facturas electrónicas. Un informe de SERES señala que esta cifra ha permitido a las AAPP ahorrar 24 millones de euros y cerca de 14 millones de euros a los proveedores, que, sin embargo, “se han visto penalizados por el sobre coste derivado de la multiplicidad de puntos de entrada creados por las comunidades autónomas y entidades locales, que les ha complicado el proceso de facturación”.
Durante el primer semestre de 2015, el 59% de estas e-facturas han sido tramitadas a través de FACe, (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado) y el 41% restante a través de más de 1.500 puntos de entrada creados por las distintas AAPP.
Según el informe de SERES, más de la mitad de las facturas (el 53%) han ido dirigidas a entidades locales, un 37% a las comunidades autónomas y un 10% a algún organismo dependiente de la Administración General del Estado.
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